Gibraltar y la estrategia de comunicación del Gobierno

Entre vacaciones, Agosto nos ha esperado con un nuevo encontronazo con el Reino Unido por Gibraltar. La ya antigua colonia británica, esa que de vez en cuando aparece en nuestro panorama político, ha vuelto a crear un conflicto diplomático del más alto nivel. La cuestión empezó hace dos semanas cuando los gobernantes del islote lanzaron en la bahía de Algeciras unos bloques de hormigón, donde existe un caladero donde faenan pescadores de la zona, lo que impide que puedan ejercer tal tarea debido a que rompen las redes. A causa de ello, el Gobierno español aumentó la presión ejerciendo controles más severos en la aduana del peñón, lo que no gustó al Premier Británico. Cameron, intentó primero dialogar con Rajoy, y en un cruce de notas de prensa de ambos dirigentes contrapuestas, ambos han acudido a Barroso y a la Unión Europea para que vigile al otro. Y todo, con maniobras británicas, supuestamente ya planeadas desde junio, en aguas de Gibraltar.

Bajo de un punto de vista político, la respuesta del Gobierno ha estado bastante medida. Yo calificaría la artimaña como de "moderación contenida", pero con toques de "falsa" severidad. Me explicó: en el fondo, el propio Gobierno sabía cuáles son sus verdaderas opciones sobre el peñón. Judicializar el asunto ante el Tribunal Internacional de La Haya o la ONU puede salirle mal, tanto en términos de este conflicto concreto como de soberanía. Cierto es que en el Tratado de Utretch sólo reconoce la cesión del peñón, y no las aguas, pero tampoco en 1713 había conciencia de las aguas territoriales (lo cual se concretó bastante más tarde). Tanto es así que casi les garantizaría a los británicos una parte de las aguas que ahora mismo ocupan, lo que en términos de opinión pública, condenaría a Rajoy, sobre todo, para la parte de sus votantes más escorados a la derecha, muy nacionalistas en términos cualitativos, en un fracaso. Por eso, ese moderación en el discurso (dialogantes desde el primer momento, aunque cada vez con mayor solemnidad y dureza), casi acabando con falsas amenazas de discurso duro (como puede verse en la entrevista que nuestro Ministro de Exteriores concedio a ABC -"se acabó el recreo en Gibraltar"- o la última del Wall Street Journal).

Esta opción de discurso muy cuidado es interesante para sus dos electorados. Por un lago,  esta estrategia moderada pero agresiva a la vez ha podido ser la mejor para contentar al votante medio (el que más les interesa a los partidos, el mayor en términos cuantitativos), aquel para el que este issue es poco relevante en su vida diaria (pero que sí muestra interés por el tema). Se siente satisfecho por la actitud de su Gobierno (y el apoyo más o menos unánime de la oposición, ya que no se han oído otras voces en este sentido), y concuerda con sus pensamientos. Para su tradicional electorado, más conservador y más nacionalista en términos de identidad, esta estrategia puede resentirle. Quizá esperaba una actitud más agresiva ( casi de "sacar los tanques") sobre todo cuando el gobierno de Gibraltar intenta dar golpes de efecto (como en la manifestación de los pescadores españoles, donde Gibraltar expuso un pequeño navío de la Royal Navy). Sin embargo, a medio plazo estos votantes se sentirían satisfechos  debido a que en general la opinión pública (y la publicada en los medios y televisiones) se percibe como satisfecha por parte de la actuación del Gobierno de poner en su sitio a los británicos. Tendremos que esperar a ver como se desarrolla el conflicto cuando lleguen los observadores comunitarios.

De la independencia del Tribunal Constitucional

Hoy hemos conocido que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, milita dentro del Partido Popular, formación política que por cierto propuso su nombramiento para ser magistrado de dicha institución en varias ocasiones, y que finalmente, se fraguó en el año 2010. Él mismo ha admitido que aunque ya no paga cuotas al partido, cuando fue elegido para dicho cargo mantuvo su militancia hasta 2011.

Ha habido muchos detractores quienes recién salida la noticia han exigido al magistrado conservador que dimita del cargo; otros (entre ellos, la exministra socialista Maria Antonia Trujillo a través de su twitter) defienden al Presidente del Constitucional, puesto que la legislación permite la militancia a partidos partidos si bien no la participación en sus órganos de decisión.

A través de esto punto yo me planteó varias cuestiones. En primer lugar, pese a que la Ley que rige los nombramientos de los magistrados permite la militancia, la Constitución en su artículo 159.5 exige la independencia de los miembros del Alto Tribunal ("Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato"). Me gustaría interpretar esta artículo desde una doble vertiente: desde la exigencia de no intromisión por parte de terceros en sus decisiones judiciales, pero también desde su exigencia personal en la no parcialidad de sus actuaciones. Llevándolo al extremo incluso podríamos extrapolar el sistema de revocación que se realiza cuando un miembro del tribunal ha escrito sobre el mismo tema que se plantea el recurso. De esta manera, podemos prever que dicho miembro no debería participar en la mayoría de los asuntos pendientes puesto que el PP es partícipe de la mayoría de los asuntos a debatir, al estar en el Gobierno del Estado Central, la mayor parte de las Autonomías y Ayuntamientos, y como uno de los dos principales partidos de nuestro país. ¿Podemos imaginarnos que un miembro del Tribunal estuviera recusado en, por ejemplo, la mitad de los casos? Sería ilógico, pero en este caso, sería así.

Algunos esgrimen nuevamente en que toda persona tiene derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 de la CE) y que nadie puede ser obligado a no declarar su ideología (16.2). Pero nuevamente entramos en un dilema: cuando se realizó la audiencia en la Comisión correspondiente en el Parlamento debió confesar tal afiliación, al menos por honradez personal, y aunque muchos se amparan en el 16.2, la Constitución habla de ideología, y en ningún momento habla de militancia, y más para una institución como es la que debe discernir los recursos judiciales donde están en juegos los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los españoles así como las luchas de competencias entre las distintas entidades gubernamentales del Estado. 

Y es que en el fondo aunque este hecho está permitido por la ley, no deberíamos olvidar que los ciudadanos tendríamos que exigir que las altas instituciones de nuestro país deberían ser independientes. Creo que puede ser compatible con el cargo la posesión de opiniones personales sobre temas políticos o incluso que tengan preferencia ideológica, ahora bien la militancia ya entra en otro nivel, y al menos, deberíamos exigir a los candidatos que en sus audiencias lo confiesen, no solamente por legalidad, sino por honradez personal.

¿Puede ser la homosexualidad un factor determinante en el voto?

Esta semana, en Comunicaliza, escribo un artículo sobre los cleavages, un término americano del campo sociológico-político que hace referencia a las líneas de fractura existentes en la sociedad que determinan en el comportamiento electoral (como puede ser rural/ciudad o propietario/trabajador). Mi pequeño análisis parte de un concepto como es la orientación sexual (con motivo de los acontecimientos recientes de la Corte Suprema de los EEUU aceptando la proposición que motivaba que el Matrimonio Homosexual era plenamente constitucional) para determinar si podemos afirmar que es un cleavage más.

Sin contaros demasiado (porque aquí podéis encontrarlo completo), se realiza un retrospectiva de los últimos análisis sobre el tema, donde reafirman que los homosexuales/bisexuales suelen ser más activos políticamente y votar a partidos de izquierda con mayor intensidad que la población en general.  Sin más, os invitó a que lo leaís.

La falta de confianza de los europeos en las instituciones comunitario: el doble discurso norte-sur

Con motivo del Día de Europa, 9 de Mayo, he publicado un artículo en la revista electrónica Comunicaliza (pinchando aquí os lleva al texto en cuestión), donde analizó el último Eurobarómetro para sacar conclusiones acerca de la falta de confianza de los europeos en las instituciones comunitarias. En el gráfico de la derecha podéis ver la caída de confianza sobre todo a partir del inicio de la crisis económica que vive el continente desde finales de 2009. Dos conclusiones se aprecian en el artículo: en primer lugar que la imagen percibida por los ciudadanos europeos respecto a la Comisión, el Parlamento y la Unión en su conjunto afecta al nivel de confianza que tienen en los mismos. Sin embargo, todavía tienen más confianza en estos órganos que en los Ejecutivos y Legislativos de sus respectivos países, por lo tanto hay un camino  para la esperanza.

En segundo lugar, que a las instituciones comunitarias no les achacan los problemas de la crisis económica (sí a sus respectivos Gobiernos), sólo haber sino incapaces de aportar soluciones con celeridad. Y estos datos tienen una doble lectura o una doble versión: en los países del sur, donde la confianza en la UE es menor, existe un discurso más centrado en el paro y en sus efectos económicos; en los del norte, en cambio,  el discurso se centra en la deuda pública y en la inflación. Sin más dilación, os remito al artículo completo que puede verse en Comunicaliza y espero vuestras conclusiones o respuestas en cualquiera de los dos soportes.

Los escraches y los derechos de los políticos

El supuesto acoso contra los diputados del PP, los llamados "escraches", está provocando varios comentarios al respecto sobre la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ya desde el primer lugar parece patente que miembros del partido del Gobierno están utilizando este asunto para desprestigiar esta iniciativa y así  evitar que una negativa en el Congreso hacia ésta suponga rechazo electoral de la ciudadanía. Apoyada por más de millón y medio de ciudadanos no debería de ser secundada de la manera en que lo está siendo, sobre todo, por los desastres humanos que sabemos día a día en los telediarios. Iniciativas como por ejemplo, las propuestas por el Ejecutivo Andaluz del socialista Griñán parecen un primer camino para garantizar plenamente el derecho a una vivienda digna.

Por un lado, unos argumentan que el político deja de serlo para convertirse en ciudadano cuando sale de su puesto, y por ello, este tipo de manifestaciones atentan contra sus derechos. Otros los defienden como una forma de informar a los políticos, negando desde el primer momentos que estos actos son violentos. Julio Anguita, exlider de IU en los años de Aznar y Felipe González, los defiende afirmando que "estamos en una sociedad farisaica, hipócrita, que se rasga las vestiduras ante una acción que puede ocasionar determinados impactos negativos sobre los hijos de los diputados, pero ¿y el impacto negativo de las fuerzas del orden público cuando arrancan una familia, incluidos niños, y les ponen en la calle? No empecemos como las damas de la buena caridad del siglo XIX que le daban limosna a los pobres y les pedían que fueran limpitos y que hablasen bien. Es un discurso repugnante, por eso yo no condeno los escraches".

Quizá (y aún admitiendo que están abusando quizás de la vida privada de los políticos) el problema es de los excesivos derechos que tienen la clase política. Junto a esa Ley de Partidos es necesario un nuevo Estatuto de los Diputados exigiéndoles nuevas responsabilidad y obligaciones. Como es posible que no deban dar cuentas de sus acciones ante los ciudadanos y no salir públicamente cada poco tiempo (y no solamente antes de las elecciones cada cuatro años) para explicar sus actos; como es posible que todavía tengan el aforamiento que les impide rendir cuenta ante los tribunales sin un permiso expreso del Congreso (que es origen casi medieval, para prevenir que el rey de turno pudiera condenarlos por sus acciones). En ese sentido, Ada Colau lleva parte de razón cuando dice que los políticos tienen una "impunidad absoluta". Sin duda, los escraches no sólo están removiendo nuestra conciencia respecto a los desahucios, sino también nos dicen mucho de los derechos y obligaciones de sus señorías, los diputados y senadores.

El rescate y el rescatado

Esta semana hemos conocido el "rescate" que la Unión Europea va a proceder a hacer a Chipre, un país relativamente pequeño de poco más de un millón de habitantes y de escaso peso dentro del PIB de Europa, pero que ha puesto de manifiesto la inoperancia de la Unión Europea a la hora de manejar los tiempos. Si bien el rescate empezó a situarse en una cifra superior a los 15.000 millones de euros, finalmente los socios europeos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional tendrán que aportan en torno a los 10.000 millones de euros (muy lejos de las cifras del rescate bancario de España). A cambio se le exige  al país que aporte más de 6.000 millones de euros, de mayores esfuerzos comparativamente con el resto de rescates donde la cuantía era bastante superior.

Sin entrar demasiado en el contenido del rescate (bastante cuestionable por otra parte,y aún mejorado desde ese comienzo donde se pretendía imponer quitas a todo ahorrador, sea cuál fuese la cuantía), las formas han sido bochornosas. En primer lugar, porque se ha creado la atmósfera de cara a los chipriotas y hacia el mundo en general, de que el país estaba totalmente sólo. Mientras la agonía de sus habitantes era cada vez más patente, sus socios se han olvidado de este pequeño Estado, aún siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Con el intento de acercamiento a Rusia para que ayudará con las deudas de su sistema bancario, ha quedado la imagen de que Chipre estaba sólo, y ha tenido que buscar fuera las manos que dentro de UE no le han tendido.

En segundo lugar, por las formas de decidir han generado una confusión impropia de una institución como la Unión Europea. En ese sentido, la incapacidad de emitir una respuesta clara y única parece que le ha restado  credibilidad a la forma de comunicar; así como ha desdibujado el papel de sus líderes: donde ha estado ese cambio discurso de hacer las cosas que propugnaba Hollande o Di Rupo. Francamente bochornosa la actuación donde múltiples discursos han empañado una salida digna al conflicto.

Y por último, y bajo mi punto de vista lo peor: donde ha estado la Unión Europea durante estos últimos meses. Desde antes de finales del año 2012 ya se conocía abiertamente la necesidad de Chipre de financiación extra debido a la mala situación de su sistema bancaria. Sin embargo, han preferido esperar hasta el estado de asfixia económica era máxima para intervenir. Definitivamente, se ha producido una nueva quita pero esta vez a la imagen y a la credibilidad de la institución comunitaria.

PSC y el debate soberanista

La declaración del Parlament de Cataluña sobre el derecho a decidir por parte de la sociedad catalana ha generado un cierto debate político sobre el futuro del PSC. Los socialistas catalanes, que han generado discursos dispares al respecto sobre su posición sobre este tema, no han conseguido fraguar una corriente de opinión que respalde socialmente su discurso. De esta manera, parece que sus escasos apoyos sociales (a tenor del poco más de 13% de votos en las pasadas elecciones de 2012) se resquebrajan, y ha provocado un nuevo encontronazo con la Dirección Federal sobre el futuro de esta formación dentro del PSOE.

En este sentido, esta semana os dejo un enlace a un artículo que escribí para la revista electrónica Comunicaliza donde analizó a través del sondeo preelectoral al Parlament sobre qué efecto puede tener este discurso ambiguo frente a su "auditorio potencial". Os invitó a que leáis la entrada, pero sólo os desveló una de las conclusiones: una posición favorable a la consulta a decidir parece poco consecuente electoralmente con respecto a su electorado potencial. En los grupos sociales moderados, que se consideran españoles como catalanes (la mayor parte de la sociedad catalana), este mensaje pro-nacionalista no es bien recibido.