Los escraches y los derechos de los políticos

El supuesto acoso contra los diputados del PP, los llamados "escraches", está provocando varios comentarios al respecto sobre la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ya desde el primer lugar parece patente que miembros del partido del Gobierno están utilizando este asunto para desprestigiar esta iniciativa y así  evitar que una negativa en el Congreso hacia ésta suponga rechazo electoral de la ciudadanía. Apoyada por más de millón y medio de ciudadanos no debería de ser secundada de la manera en que lo está siendo, sobre todo, por los desastres humanos que sabemos día a día en los telediarios. Iniciativas como por ejemplo, las propuestas por el Ejecutivo Andaluz del socialista Griñán parecen un primer camino para garantizar plenamente el derecho a una vivienda digna.

Por un lado, unos argumentan que el político deja de serlo para convertirse en ciudadano cuando sale de su puesto, y por ello, este tipo de manifestaciones atentan contra sus derechos. Otros los defienden como una forma de informar a los políticos, negando desde el primer momentos que estos actos son violentos. Julio Anguita, exlider de IU en los años de Aznar y Felipe González, los defiende afirmando que "estamos en una sociedad farisaica, hipócrita, que se rasga las vestiduras ante una acción que puede ocasionar determinados impactos negativos sobre los hijos de los diputados, pero ¿y el impacto negativo de las fuerzas del orden público cuando arrancan una familia, incluidos niños, y les ponen en la calle? No empecemos como las damas de la buena caridad del siglo XIX que le daban limosna a los pobres y les pedían que fueran limpitos y que hablasen bien. Es un discurso repugnante, por eso yo no condeno los escraches".

Quizá (y aún admitiendo que están abusando quizás de la vida privada de los políticos) el problema es de los excesivos derechos que tienen la clase política. Junto a esa Ley de Partidos es necesario un nuevo Estatuto de los Diputados exigiéndoles nuevas responsabilidad y obligaciones. Como es posible que no deban dar cuentas de sus acciones ante los ciudadanos y no salir públicamente cada poco tiempo (y no solamente antes de las elecciones cada cuatro años) para explicar sus actos; como es posible que todavía tengan el aforamiento que les impide rendir cuenta ante los tribunales sin un permiso expreso del Congreso (que es origen casi medieval, para prevenir que el rey de turno pudiera condenarlos por sus acciones). En ese sentido, Ada Colau lleva parte de razón cuando dice que los políticos tienen una "impunidad absoluta". Sin duda, los escraches no sólo están removiendo nuestra conciencia respecto a los desahucios, sino también nos dicen mucho de los derechos y obligaciones de sus señorías, los diputados y senadores.